La informalidad no es la causa del atraso del Perú, sino la consecuencia de un Estado que, durante décadas, ha sido incapaz de crear las condiciones necesarias para que millones de personas y empresas puedan desarrollarse dentro de la legalidad. Mientras la informalidad continúe siendo la forma predominante de generar ingresos y hacer negocios, el país difícilmente alcanzará un crecimiento sostenido, una mayor productividad y mejores niveles de bienestar.

Según la Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía informal posee dos dimensiones complementarias: el sector informal y el empleo informal. El primero comprende las unidades productivas que no están constituidas como personas jurídicas y no se encuentran registradas ante la administración tributaria. El segundo corresponde a los trabajadores que carecen de los beneficios establecidos por la legislación laboral, como seguridad social, gratificaciones, vacaciones remuneradas y otros derechos.

Los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) revelan la magnitud del problema. En 2022, el sector informal estaba conformado por 6 millones 187 mil unidades productivas, cuya producción representó el 17,8 % del Producto Bruto Interno. Ese mismo año, tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa ocupada (74 %) laboraban en condiciones de informalidad. De ellos, el 58,8 % trabajaba dentro del sector informal y el 15,2 % desempeñaba un empleo informal fuera de dicho sector.

Estas cifras demuestran que la informalidad constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país. Su presencia atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía: comercio, transporte, agricultura, construcción y servicios. Millones de micro y pequeñas empresas operan total o parcialmente al margen del sistema tributario y de la legislación laboral, limitando su acceso al financiamiento, la tecnología, nuevos mercados y mayores niveles de productividad.

Pero el mayor costo de la informalidad no lo asume el Estado, sino el propio trabajador y su familia. Quienes laboran al margen de la formalidad, en la mayoría de los casos, carecen de una pensión que les garantice ingresos durante la vejez, no cuentan con la cobertura de EsSalud el Seguro Social del Perú, no perciben beneficios laborales como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones remuneradas, seguro de vida ni otros derechos reconocidos por la legislación. Asimismo, enfrentan una mayor vulnerabilidad frente al desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades.

Esta informalidad también les limita el acceso al crédito y al sistema financiero, dificultando la posibilidad de adquirir una vivienda, invertir en un emprendimiento o incrementar el patrimonio familiar. A ello se suma una menor capacitación laboral, un reducido acceso a nuevas tecnologías y escasas oportunidades para mejorar la productividad. Como consecuencia, millones de peruanos permanecen atrapados en un círculo de bajos ingresos, inseguridad económica y limitadas posibilidades de movilidad social.

En consecuencia, la informalidad puede representar una solución temporal para obtener ingresos, pero en el largo plazo condena a millones de personas a una mayor vulnerabilidad económica y social, perpetuando la pobreza y reduciendo sus oportunidades de alcanzar una mejor calidad de vida.

Existe un amplio consenso entre historiadores y economistas en que la informalidad peruana no nació en un momento específico. Es el resultado de un proceso histórico que se fue gestando durante varias décadas, al igual que otros problemas estructurales como la corrupción, la precariedad de los servicios de salud, las deficiencias del sistema educativo y la debilidad institucional. Sin embargo, es posible identificar cuatro etapas que explican su origen y expansión.

Hasta mediados del siglo XX, la informalidad era relativamente reducida. El Perú era un país predominantemente rural: cerca del 65 % de la población vivía en el campo y la actividad económica se concentraba en la agricultura, la minería y algunas industrias de pequeña escala. La mayor parte de la producción se desarrollaba en comunidades rurales y pequeñas ciudades, donde el proceso de urbanización todavía era limitado.

El primer gran punto de inflexión se produjo durante las décadas de 1950 y 1960. Diversos especialistas coinciden en que fue entonces cuando comenzó a configurarse la informalidad moderna del Perú. La migración masiva del campo hacia las ciudades, especialmente hacia Lima, transformó profundamente la estructura económica y social del país.

Entre las principales causas de esta migración estuvieron la baja productividad del agro, la escasa mecanización, la pobreza rural y la ausencia de oportunidades económicas. Como consecuencia surgieron los asentamientos humanos, creció el comercio ambulatorio, proliferaron los talleres informales y apareció un sistema de transporte que operaba al margen de la regulación estatal.

Este proceso fue ampliamente documentado por Hernando de Soto en El otro sendero, donde sostiene que millones de peruanos recurrieron a la informalidad porque el marco legal les impedía acceder con facilidad a la propiedad, registrar sus negocios y participar plenamente en la economía formal.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la informalidad dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una característica estructural de la economía peruana. La reforma agraria impulsada por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado no alcanzó los objetivos de productividad que se había propuesto. Diversos economistas sostienen que la fragmentación de la propiedad, la falta de inversión, la escasa asistencia técnica y la débil gestión de las cooperativas provocaron una caída de la producción agrícola y contribuyeron a intensificar la migración del campo hacia las ciudades. A ello se sumaron una profunda crisis económica, una elevada inflación, el aumento del desempleo, el crecimiento del aparato burocrático, mayores controles estatales y las dificultades para crear y desarrollar empresas.

Este escenario se agravó durante la década de 1980 con la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA, que provocó una segunda gran ola migratoria desde las zonas andinas hacia las principales ciudades del país. Miles de familias desplazadas encontraron en la economía informal la única alternativa para sobrevivir. Las ciudades no estaban preparadas para absorber un flujo migratorio de semejante magnitud; la insuficiencia de vivienda, infraestructura, servicios públicos y oportunidades laborales obligó a millones de personas a buscar alternativas de subsistencia fuera de la economía formal.

A partir de la década de 1990, el Perú recuperó la estabilidad macroeconómica y experimentó un prolongado período de crecimiento. Sin embargo, la informalidad permaneció en niveles muy elevados. Ello demuestra que el problema dejó de ser exclusivamente la burocracia. A las dificultades regulatorias se sumaron factores mucho más profundos: baja productividad, deficiente calidad educativa, predominio de microempresas de escasa escala, limitado acceso al crédito, debilidad institucional y profundas brechas de desarrollo entre regiones. En otras palabras, la economía peruana creció, pero una parte importante de ese crecimiento no logró incorporar a millones de trabajadores y pequeñas empresas al sector formal.

CONCLUSIÓN

La informalidad en el Perú es, sin duda, un fenómeno estructural. En consecuencia, su reducción no puede lograrse mediante medidas aisladas, campañas de fiscalización o políticas de corto plazo. Requiere una estrategia nacional que involucre de manera coordinada al Estado, al sector privado, al sistema educativo, al sistema financiero y a los gobiernos regionales y locales, sustentada en políticas públicas estables y de largo plazo.

Por ello, la informalidad no puede seguir siendo abordada como una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Trabajo o de la SUNAT. Se trata de uno de los mayores desafíos para el desarrollo nacional y, como tal, debe convertirse en una verdadera política de Estado.

El Perú necesita una Política Nacional de Formalización y Productividad, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con objetivos claros y medibles, presupuesto propio y una coordinación permanente entre el Estado, el sector privado, los trabajadores, la academia y los gobiernos regionales y locales. Su propósito no debe limitarse a incrementar el número de contribuyentes, sino a construir una economía más productiva, competitiva e inclusiva mediante políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

La experiencia de países como Chile, Uruguay y Corea del Sur demuestra que la formalización no se alcanza únicamente mediante una mayor fiscalización, sino creando las condiciones para que las empresas puedan crecer, invertir, innovar y generar empleo de calidad. El objetivo debe ser construir un entorno en el que la formalidad represente una ventaja competitiva y no una carga administrativa.

Mientras el Perú mantenga una economía en la que tres de cada cuatro trabajadores permanecen en la informalidad, seguirá siendo un país de baja productividad, escasa competitividad y oportunidades limitadas. Reducir la informalidad no es solo una política laboral o tributaria; constituye, probablemente, la reforma económica y social más importante que el país debe emprender para convertirse en una nación desarrollada. El verdadero desafío consiste en construir un Perú donde la formalidad deje de percibirse como una obligación y se convierta en la mejor decisión económica para ciudadanos y empresas.

Escrito por: Jorge Villarreal Álvarez