La pobreza en el Perú no puede explicarse como el resultado de una sola causa. Se trata de un fenómeno multidimensional en el que confluyen factores económicos, sociales, políticos e institucionales que se han acumulado a lo largo de la historia republicana.
Desde los primeros años de la independencia, el país enfrentó una prolongada inestabilidad política dominada por caudillos militares, lo que dificultó la consolidación de instituciones sólidas, la continuidad de las políticas públicas y la construcción de un proyecto nacional de largo plazo. Esta inestabilidad limitó la capacidad del Estado para transformar los abundantes recursos del país en desarrollo sostenible.
Un hito trascendental ocurrió el 2 de agosto de 1872, cuando Manuel Pardo y Lavalle asumió la Presidencia de la República, convirtiéndose en el primer presidente civil del Perú. Fue el primer intento serio de trasladar el poder político desde los caudillos militares, que habían gobernado el país durante los primeros 51 años de vida republicana —período caracterizado por frecuentes enfrentamientos, golpes de Estado y una permanente lucha por el poder— hacia un gobierno civil sustentado en instituciones y en una visión moderna del Estado. Sin embargo, las profundas debilidades estructurales del país, la crisis fiscal derivada del agotamiento de la bonanza del guano y los acontecimientos que desembocaron en la Guerra del Pacífico impidieron consolidar plenamente ese proceso de institucionalización. Como consecuencia, el Perú perdió una valiosa oportunidad para fortalecer sus instituciones y encaminarse hacia un desarrollo político y económico más estable.
Entre 1840 y 1879 el Perú exportó aproximadamente doce millones de toneladas de guano, diversas estimaciones económicas sitúan el valor actualizado de esa riqueza entre US$ 40,000 y US$ 50,000 millones, en un país que entonces contaba con apenas 2,7 millones de habitantes. Aquella bonanza representó una oportunidad excepcional para impulsar el desarrollo nacional; sin embargo, una parte importante de esos recursos se destinó al pago de deudas, gastos corrientes, proyectos poco rentables y actos de corrupción. El Perú no logró transformar esa riqueza temporal en infraestructura, educación, industrialización y bienestar para su población.
Han transcurrido más de dos siglos desde la independencia y el país aún no ha logrado armonizar ni nivelar el tablero llamado nación. Seguimos siendo una sociedad marcada por profundas desigualdades económicas, sociales y territoriales
Entre los acontecimientos contemporáneos que más afectaron el desarrollo del país destaca la Revolución Militar encabezada por el general Juan Velasco Alvarado en 1968. Su gobierno impulsó una profunda reforma agraria que buscó corregir históricas desigualdades en la tenencia de la tierra. Sin embargo, muchas de las cooperativas creadas carecieron de capital, tecnología y capacidad de gestión, lo que redujo la inversión agrícola, disminuyó la productividad y llevó al Perú a depender progresivamente de importaciones de alimentos. Paralelamente, el Estado nacionalizó numerosas empresas estratégicas de los sectores petrolero, minero, pesquero, siderúrgico, telecomunicaciones, banca y medios de comunicación. En muchos casos, estas empresas acumularon pérdidas debido a subsidios permanentes, exceso de personal y baja eficiencia administrativa. La creciente intervención estatal, unida a las expropiaciones, deterioró la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, afectando el crecimiento económico durante varios años.
A esta difícil etapa se sumó el terrorismo que, durante dos décadas, entre 1980 y 2000, estuvo a punto de destruir moral y económicamente al país. El conflicto armado interno no solo ocasionó una inmensa pérdida de vidas humanas, sino que destruyó infraestructura, paralizó inversiones, debilitó las instituciones e incrementó la pobreza en amplias zonas del territorio nacional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó aproximadamente 69,280 víctimas fatales y desaparecidas, además de más de 600,000 desplazados internos. Las secuelas sociales, económicas e institucionales de aquella tragedia aún son visibles varias décadas después.
Durante la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori logró derrotar militarmente al terrorismo y estabilizar una economía devastada por la hiperinflación. Las reformas económicas y la Constitución de 1993 sentaron las bases para un prolongado período de crecimiento; sin embargo, estos avances estuvieron acompañados por prácticas autoritarias y graves casos de corrupción que deterioraron la institucionalidad democrática.
Cuando el país parecía haber consolidado importantes avances en la reducción de la pobreza, la pandemia de la COVID-19 del año 2020, provocó una de las mayores crisis económicas de su historia reciente. Millones de empleos desaparecieron, especialmente en el sector informal, haciendo que numerosas familias que habían logrado incorporarse a la clase media descendieran nuevamente a condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria alcanzó el 27,6 % de la población el 2024, equivalente a aproximadamente 9,4 millones de peruanos, mientras que la pobreza extrema llegó al 5,5 %, afectando a cerca de 1,9 millones de personas. A ello se suma un fenómeno igualmente preocupante: el deterioro de la clase media. El 2019 este sector representaba aproximadamente el 40 % de la población; cinco años después había descendido al 34 %, lo que significa que alrededor de 1,2 millones de peruanos dejaron de pertenecer a este segmento y pasaron a una situación de vulnerabilidad o pobreza. Actualmente, esa clase media está conformada por aproximadamente 11,6 millones de personas, muchas de las cuales dependen de empleos informales, tienen limitada capacidad de ahorro y escasa protección frente a las crisis económicas.
Este crecimiento económico desigual encuentra una de sus expresiones más dramáticas en la anemia infantil. En el ámbito nacional, alrededor del 43,7 % de los niños de entre seis y treinta y cinco meses padecen esta condición, mientras que en algunas regiones andinas la prevalencia supera el 60 %. La anemia limita el desarrollo físico y cognitivo de los niños, reduce su rendimiento escolar y disminuye sus oportunidades futuras, perpetuando así el círculo intergeneracional de la pobreza. Resulta paradójico que un país con enormes recursos naturales mantenga uno de los índices más altos de anemia infantil de América Latina, así como profundas deficiencias en la calidad de la educación y en el acceso a servicios de salud oportunos y eficientes. Estas carencias comprometen el desarrollo del capital humano y limitan seriamente las posibilidades de construir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Estas cifras reflejan una realidad que no puede atribuirse únicamente a las condiciones económicas. También ponen de manifiesto la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para construir políticas de Estado orientadas al desarrollo sostenido. Con las excepciones que la historia reconoce, los sucesivos gobiernos no han logrado consolidar estrategias de mediano y largo plazo que trasciendan los intereses coyunturales. Según el abogado y especialista en gestión pública Martín Cabrera, durante los últimos veinte años el Perú tuvo 8 presidentes y 506 ministros de Estado, una rotación que evidencia la ausencia de continuidad en la administración pública y la dificultad para ejecutar políticas de largo plazo.
Como si todo ello fuera insuficiente, el país enfrenta una corrupción institucionalizada que se ha enquistado en diversas entidades públicas, debilitando la confianza ciudadana y reduciendo la capacidad del Estado para brindar servicios de calidad. Esta realidad es consecuencia de la improvisación, la falta de planificación y, en numerosos casos, de la utilización de los recursos públicos para satisfacer intereses particulares antes que el bienestar colectivo.
Un ejemplo ilustrativo es el proceso de regionalización. Concebido para acercar el Estado a los ciudadanos y promover un desarrollo más equilibrado entre las regiones, en numerosos casos no ha alcanzado dichos objetivos. Diversas investigaciones y procesos judiciales han demostrado que varios gobiernos regionales fueron capturados por redes de corrupción, clientelismo y deficiente gestión, perjudicando precisamente a las poblaciones que estaban llamados a beneficiar.
CONCLUSIÓN
Comprender la pobreza en el Perú exige, por tanto, analizar la interacción de todos estos factores históricos. La persistencia de desigualdades territoriales, instituciones débiles, oportunidades económicas limitadas e inestabilidad política demuestra que la pobreza no responde únicamente a la falta de ingresos, sino también a la limitada capacidad del Estado para construir un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
Frente a este panorama, el mayor desafío del Perú no consiste únicamente en reducir las estadísticas de pobreza. El verdadero reto es construir instituciones transparentes y eficientes, fortalecer el Estado de derecho, garantizar la estabilidad política, promover una economía que genere oportunidades para todos y consolidar una visión de país que coloque el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses particulares.
La aspiración de construir una comunidad integrada, capaz de reunir a todas las sangres, culturas y regiones bajo un mismo proyecto nacional, continúa siendo una tarea pendiente.
La verdadera riqueza de una nación no reside exclusivamente en sus recursos naturales. El guano, los minerales, el petróleo o el gas son riquezas finitas que algún día se agotarán; en cambio, el conocimiento y la educación constituyen un patrimonio que se multiplica con cada generación. No existe país desarrollado que no haya convertido la educación en el eje central de su estrategia nacional. Es en las aulas donde se forman los ciudadanos, los científicos, los empresarios, los emprendedores y los líderes que construirán el futuro del país. Una educación de calidad no solo impulsa el crecimiento económico; también fortalece la democracia, fomenta el pensamiento crítico, combate la corrupción y crea igualdad de oportunidades.
Mientras el Perú no convierta la educación en una verdadera política de Estado, respaldada por un consenso nacional que trascienda los gobiernos de turno, será muy difícil romper el círculo de la pobreza y la desigualdad. La historia demuestra que los países que invierten en el desarrollo de su capital humano son los que alcanzan un progreso duradero. El Perú dispone de los recursos naturales necesarios para prosperar; ahora debe decidir si está dispuesto a invertir, de manera definitiva, en el recurso más valioso de todos: su gente.
Escrito por: Jorge Villarreal Álvarez